El populismo del salario mínimo en el Perú

Cada campaña electoral tiene sus ofertas seductoras. Esta vez una de las más llamativas es la de Juntos por el Perú de elevar la remuneración mínima de S/1,130 a S/1,500 mensuales. La propuesta suena atractiva. Después de todo, todos queremos que los trabajadores ganen más. Sin embargo, en economía no basta con preguntarse quién recibe el beneficio —que ya es un problema porque el trabajador informal solo “mira y aplaude”—, sino que es indispensable preguntarse quién termina pagando el costo.

El aumento propuesto equivale a casi 33%, una magnitud extraordinariamente alta para cualquier economía y particularmente riesgosa para un país como el Perú, donde más del 70% de los trabajadores se encuentran en la informalidad. La pregunta relevante no es si sería deseable que los salarios fueran más altos. La pregunta es si la economía peruana tiene la productividad necesaria para sostener ese incremento sin destruir empleo formal. El propósito original del salario mínimo es proteger a los trabajadores más vulnerables frente a remuneraciones extremadamente bajas. Sin embargo, cuando se fija por encima de lo que la productividad permite sostener, termina produciendo el efecto contrario: excluye del mercado formal precisamente a los trabajadores que pretende proteger.

Para evaluar si un salario mínimo es alto o bajo, la comparación correcta no es con los salarios mínimos de otros países. Esa es una comparación engañosa porque cada economía posee niveles distintos de productividad. Lo relevante es analizar cuánto representa el salario mínimo respecto al salario promedio de cada país.

La razón es sencilla. Los salarios son, en última instancia, una expresión de la productividad. Los países que generan más valor por trabajador pueden sostener salarios más elevados. Los que generan menos valor enfrentan restricciones más severas. Como muestra el gráfico 1, existe una clara relación positiva entre productividad laboral y salario mínimo a nivel internacional.

Situación

El Perú se ubica todavía lejos de los niveles de productividad observados en las economías desarrolladas. Sin embargo, cuando se analiza la relación entre salario mínimo y salario promedio, el panorama resulta particularmente preocupante. Actualmente, la remuneración mínima representa alrededor del 57% del salario promedio nacional, una proporción considerablemente superior a la observada en los países de la OCDE, donde bordea el 44% (gráfico 2). Pero el problema se vuelve mucho más serio cuando se analiza la propuesta de elevar la remuneración mínima a S/1,500. Bajo ese escenario, el salario mínimo pasaría a representar alrededor del 64% del salario promedio. O sea, una irresponsabilidad. Puro populismo.

La evidencia internacional respalda esta preocupación. Numerosos estudios encuentran que salarios mínimos excesivamente elevados respecto al ingreso promedio están asociados con mayores tasas de desempleo juvenil, menores oportunidades laborales para trabajadores menos calificados y mayores niveles de informalidad, especialmente en economías emergentes. Otro aspecto frecuentemente ignorado en el debate es la forma en que debe actualizarse el salario mínimo. Aunque no existe una fórmula universal, sí existe consenso respecto a que los ajustes deben responder a criterios técnicos. Los dos componentes más utilizados son la inflación y la productividad.

Cuando los aumentos salariales se separan de estos fundamentos, las distorsiones comienzan a acumularse. Precisamente eso ha ocurrido en el Perú durante las últimas dos décadas.

Como consecuencia, la remuneración mínima actual se ubica aproximadamente 40% por encima del nivel que habría alcanzado bajo una aplicación consistente de dichos criterios. Pretender ahora añadir un incremento adicional cercano al 33% profundizaría aún más la brecha entre salarios, productividad y realidad económica.

Los países que han logrado salarios altos y sostenibles no lo hicieron mediante decretos. Lo hicieron elevando la productividad, acumulando capital humano, promoviendo la inversión y fortaleciendo sus instituciones económicas. Los salarios altos son una consecuencia del desarrollo, no un sustituto de este.

Por ello, proponer un incremento de casi 33% de la remuneración mínima en una economía donde más de doce millones de trabajadores permanecen en la informalidad constituye un acto de profunda irresponsabilidad económica. No porque los trabajadores no merezcan ganar más. Todo lo contrario. Precisamente porque merecen ganar más de manera sostenible.

La verdadera política laboral

La verdadera política laboral progresista consiste en crear las condiciones para que las empresas inviertan más, produzcan más y paguen mejores salarios. Así lo afirmó el economista jefe de Ronin, Isaac Foinquinos. El experto destacó que, cuando la política pretende reemplazar la productividad por decretos, el resultado suele ser exactamente el contrario al prometido: menos empleo formal, más informalidad y menos oportunidades para quienes más necesitan progresar.

Informe elaborado por Ronin para Perú21